Desde el Grupo Municipal VOX de San Vicente del Raspeig, queremos mostrar la preocupación por la difícil situación del acceso a la vivienda y la dificultad que tienen los jóvenes para poder emanciparse, comenzar un proyecto vital propio o formar una familia cuya base fundamental debe ser un hogar. Problema este que también lo tienen muchas familias y personas mayores cuyas rentas y pensiones hacen inasumibles los precios actuales.
Por desgracia, es un hecho fácilmente constatable que en los últimos años de gobiernos socialistas en nuestro municipio y del Botánic en la Comunidad Valenciana, los precios de las viviendas se han disparado y el acceso a una vivienda se ha convertido en una quimera para un sector importante de la población. Y no hace falta ni siquiera acudir a estadísticas; todos los sanvicenteros sabemos lo que costaba un alquiler en 2014 y lo que cuesta ahora.
Tras el fracaso estrepitoso de los auto denominados “gobiernos de progreso” en los ámbitos local, autonómico y nacional, que han sido incapaces en todos estos años de atajar o paliar el problema de los precios de la vivienda, particularmente los del alquiler, se aprobó en mayo de 2023 la controvertida Ley por el derecho a la Vivienda. Esta norma, como ocurre siempre que la izquierda legisla para proteger un derecho, acabará perjudicando a ese mismo derecho que dicen defender.
Partimos de que, a nivel general, más del 85% de los propietarios del parque de viviendas para el alquiler son particulares, no grandes tenedores. Partimos, también, de que el principal problema es que hay una elevada demanda y escasa oferta.
Ante esto, las medidas estrella de la izquierda, también en San Vicente, van, paradójicamente, encaminadas a desincentivar la salida al mercado del alquiler de aquellas viviendas que permanecen vacías o que están destinadas al arrendamiento de temporada.
La Moción que presentó el PSOE, junto con EU, en el último pleno, para instar la aplicación de las medidas restrictivas de la Ley 12/2023 de Vivienda, afectan no solo a los grandes tenedores como equivocadamente manifestó el concejal Socialista Bruno Radermecker (conviene leerse la Disposición Final Primera de la Ley), sino también a los particulares que vayan a poner en alquiler su vivienda por primera vez en 5 años. Es decir, perjudica precisamente al sector que podría aumentar la oferta de viviendas en alquiler. Este “matiz”, que fue en el que fundamentó el señor Radermecker gran parte de su argumentación, en el sentido de que las medidas restrictivas no iban a afectar a los pequeños propietarios, a parte de falso, demuestra que la izquierda presenta una moción acerca de un tema tan serio como este, solicitando la aplicación de unas medidas recogidas en un norma que ni siquiera se han tomado la molestia de leer o analizar.
Esto, unido a la inseguridad jurídica que afecta a los arrendamientos y al riesgo e indefensión que supone para un arrendador particular sufrir una okupación o un impago prolongado, iría a propiciar justamente el efecto contrario: desincentivar a los pequeños propietarios a sacar al mercado de alquiler su vivienda.
Dejando a un lado las recetas demagógicas de la izquierda, como punto de partida, VOX propone implementar medidas que, sin que supongan privar a los arrendatarios de sus legítimos derechos, también doten al pequeño propietario de seguridad jurídica y de instrumentos eficaces para la recuperación de su vivienda en los casos, por ejemplo, de sufrir una okupación.
La natural búsqueda de seguridad que tienen los propietarios acaba restringiendo el campo de potenciales inquilinos y, por tanto, acaba perjudicando a segmentos de la población como son los jóvenes, parejas con hijos, o personas con trabajos por cuenta propia, que van a ver muy difícil el acceso a una vivienda en alquiler.
Si, como parece ser, viendo el sentido de la moción presentada por el PSOE y EU, la izquierda cree que perpetuando la desprotección al pequeño propietario a la vez que le limita los precios, va a conseguir aumentar la oferta de vivienda en alquiler, desgraciadamente tendremos problema de vivienda para muchos años.
Además, como dijo el concejal Pablo Quintana, en su intervención en la sesión plenaria “Hasta ahora sólo la Generalitat de Cataluña ha pedido la declaración de zona tensionada, pero ni las propias comunidades autónomas gobernadas por los partidos de izquierdas la están aplicando”, preguntándose también que “si tan buena es, por qué ninguna la está aplicando”.
El problema de la vivienda es complejo y desde VOX tenemos claro que cualquier solución debe pasar, entre otras cosas, por propiciar un aumento considerable en la oferta de vivienda para el alquiler. Un buen punto de partida será, sin duda, el plan del Gobierno Valenciano presentado recientemente para construir 10.000 viviendas de protección pública destinadas al alquiler asequible y a la compra. Por el contrario, tomarse el problema a la ligera, como hace la izquierda, proponiendo soluciones que, curiosamente, en estos últimos 8 años no han sido capaces de adoptar, no dan para mucho más que para alguna foto y una nota de prensa.
