El Equipo de Gobierno ejerció el derecho de tanteo para adquirir una vivienda social tras negarle la compra a un vecino
El Grupo Municipal VOX San Vicente considera desmesurada y equívoca la adquisición de una nueva vivienda por parte del Equipo de Gobierno haciendo uso del derecho de tanteo, «robando» la oportunidad de adquirir dicha vivienda a otro vecino del municipio.
El derecho de tanteo y retracto consiste en la facultad que ostenta un tercero -en este caso el Ayuntamiento- a la hora de adquirir un bien inmueble por el mismo valor y condiciones convenidas entre las otras dos partes; entre el comprador y vendedor. El ejercicio de tanteo se produce antes de que se realice la transmisión del bien, mientras que el de retracto se puede ejercitar después, dejando la operación entre las dos partes sin efecto.
Todo aquel que decida adquirir una nueva vivienda, deberá informárselo previamente al Ayuntamiento para poder proceder con la compra. Esta competencia cedida por la Generalidad Valenciana a los Ayuntamientos, con la excusa de aumentar el parque público municipal de viviendas sociales, deja en una situación de subordinación a los vecinos que hayan estado meses esperando para encontrar una buena oportunidad de compra. Dicho de otro modo, el Equipo de Gobierno estará al tanto de las «mejores ofertas» para arrebatárselas a los vecinos de San Vicente.
Los del Grupo Municipal VOX rechazan esta práctica, aún más si el perjudicado se trata de un vecino que ha visto cómo el Ayuntamiento le ha arrebatado la ilusión de adquirir una nueva vivienda que ya tenía apalabrada. Añaden que firmaron un acuerdo para evitar un abuso de este derecho de tanteo y retracto, pero lo cierto es que el Equipo de Gobierno ya dejó a una pareja con los muebles comprados sin su nueva casa, y ahora han vuelto a hacer lo mismo.
Desde VOX San Vicente consideran que, al menos, se ha de modificar dicha normativa con el fin de buscar un equilibrio a la hora de adquirir viviendas sociales para no perjudicar a ningún particular, y recalcan el carácter inconstitucional de dicha ley por la excesiva autoridad que se les brinda a los Ayuntamientos en una materia tan delicada como es la vivienda
