El alcalde de San Vicente, Jesús Villar, valora la denuncia por «prevaricación administrativa» interpuesta por el jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, Ramón Cerdá, que ha sido admitida por el juzgado de Instrucción número 1 de San Vicente del Raspeig. «Estoy más que tranquilo de lo que he hecho», comenta en declaraciones a Radio San Vicente. Por su parte, Cerdá dice haber «cumplido con su deber» de poner en conocimiento de la justicia unas actuaciones «que pueden ser delictivas».
Villar detalla que se trata del contrato de limpieza y mantenimiento de las zonas verdes y arbolado del municipio que realiza la empresa Audeca, y que tuvo que ser prorrogado al no haber finalizado la nueva licitación, ya que el proceso fue recurrido por una de las cláusulas que finalmente fue eliminada.
«La adjudicación del contrato no iba a llegar a tiempo y se hace una prórroga por decreto porque no hay plazo para pasar por Junta de Gobierno», recuerda Villar. Y el pasado 13 de septiembre llega al Consistorio un requerimiento del juzgado para solicitar la información de ese contrato.
El primer edil se confiesa «sorprendido» porque, argumenta, «es un hecho habitual que se prorroguen los contratos y más porque sea el jefe de los Servicios Jurídicos quien presenta la denuncia». «No puedo tener la seguridad de por qué actúa así pero hay causas que él ha presentado contra el ayuntamiento y no hemos atendido, y quizá puede ser una de las razones por las que él ha presentado esta demanda». » Son requerimientos de percepción de productividades», precisa.
El propio denunciante defendió al Ayuntamiento esta semana en un juicio con la empresa por no querer aceptar la prórroga en las mismas condiciones que el contrato inicial, recuerda.
Tanto con la prórroga como con el tema laboral, «creo que lo que he hecho ha sido defender los sanvicenteros», finaliza Villar
Cerdá dice haber cumplido «con su obligación«
El jefe de los Servicios Jurídicos explica que, al defender al ayuntamiento en la causa por las condiciones de la prórroga, ve «actuaciones que pueden ser delictivas» y por ello cumple con su «obligación de ponerlo en conocimiento de la Justicia». «He detectado una situación muy irregular y lo pongo en conocimiento porque puede haberse cometido un delito. Tiene que haber una investigación», añade. En cuanto a las presuntas razones laborales comenta que «nunca se le ocurriría perjudicar a alguien por una reivindicación laboral».
