En el pasado pleno municipal se procedió a la aprobación definitiva de la nueva ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de Recogida de residuos Sólidos Urbanos, la comúnmente llamada “Tasa de basura”.
Desde el Grupo Municipal de VOX siempre se ha defendido que esta nueva tasa, que impone la Ley 7/2022 de 8 de Abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, nunca debió haber existido. Así lo demostró VOX ya en 2022, en el Congreso de los diputados, con su voto en contra a la citada Ley. Sin embargo, la polémica norma fue aprobada por una mayoría de partidos compuesta entre otros por el PSOE, la coalición que entonces integraba a IU y Podemos, Compromís, y otros apoyos tan poco recomendables como Bildu.
El resultado de esa votación por la que se aprobó la Ley 7/2022 la sufrimos ahora, y no sólo en San Vicente, sino en prácticamente todos los municipios, también en los gobernados por la izquierda, como reconoció la propia portavoz socialista, Asun París.
Ante la imposición de esta nueva Tasa, la posición de los partidos de izquierda en nuestro municipio podía haber tomado dos caminos. Una posibilidad, la menos esperada, hubiera sido adoptar una postura responsable y reclamar a sus matrices políticas en las Cortes Generales que remediasen las nefastas consecuencias que dicha ley va a acarrear para los ayuntamientos y, por ende, para los ciudadanos. La otra opción, la esperada conociendo el nivel de la oposición ejercida en este último año y medio, solo dejaba lugar a la demagogia y al cinismo.
“Demagogia” porque se han proponiendo unas medidas en la mayoría de alegaciones presentadas por los partidos de la oposición (excepto Compromis, que no presentó ninguna) que, a fecha de hoy, son de imposible aplicación. Otras propuestas, como la de que no se incluya en el coste de la Tasa el nuevo Impuesto sobre el depósito de residuos (también introducido en la Ley 7/2022) que asciende nada menos que a unos 568.000 euros, o la de introducir supuestos de bonificación o exención que no están previstos en la Ley configuradora de la tasa, no dejan de ser meros brindis al sol de representantes políticos a los que se les presume un mínima formación o experiencia, aunque sea por el tiempo que llevan “calentando el sillón”.
“Cinismo” porque desde los partidos de izquierda intentan escenificar una oposición a las consecuencias directas de una ley que ellos mismos han aprobado en el parlamento español. La solución es fácil, modificar la Ley 7/2022, al menos en lo que concierne a la Tasa y volver a la situación previa. El papel que desempeñan los partidos de la oposición a modo de “bombero pirómano”, aprobando una nefasta Ley por un sitio, y manifestándose contra sus consecuencias, por el otro, solo tienen dos víctimas claras: los intereses y el bolsillo de los ciudadanos.
En los próximos meses, desde VOX se presentarán iniciativas para instar la reforma de la Ley 7/2022, y poder volver a la situación inicial, y entonces se podrá comprobar a qué intereses responden cada uno de los grupos políticos que se deban pronunciar con su voto.
Es totalmente comprensible que se hayan presentado alegaciones a la Ordenanza Fiscal; como también es comprensible el enfado de muchos vecinos que ven como, de un año para otro, la tasa de basuras va a experimentar un incremento sustancial. Lo que es menos comprensible es que concejales que han tenido responsabilidades de gobierno como los portavoces del PSOE e IU, muestren un grado de desconocimiento tan elevado de las limitaciones técnicas y legales que imposibilitan la aprobación de la mayoría de sus alegaciones.
Desde VOX somos conscientes que dichas limitaciones técnicas y legales nunca han sido un problema para el Partido Socialista, no hay más que atender a la situación procesal del anterior alcalde socialista de San Vicente, Jesús Villar, denunciado por el propio letrado del Ayuntamiento. Pero más preocupante, si cabe, es el profundo desconocimiento de la normativa tributaria que muestra el que fuera durante 6 años concejal de Hacienda, el señor Alberto Beviá.
Dentro de los cauces legales y con respeto a los procedimientos e informes técnicos, la Tasa de Basuras que ahora entra en vigor, será susceptible de ser mejorada, y así se hará cuando sea posible. Pero con las limitaciones que impone la Ley 7/2022 en el sentido de que absolutamente todos los costes directos e indirectos incurridos por los entes locales en materia de recogida, transporte y tratamiento de residuos (también el nuevo impuesto) deban sufragarse con la Tasa, hay que tener presente que no existen soluciones mágicas, más allá de la pura demagogia.
En cualquier caso, sin renunciar nunca al propósito de modificar la Ley 7/2022 y acabar de raíz con la nueva tasa, cuando la mayoría parlamentaria nos lo permita, desde el equipo de gobierno se trabajará por mejorar una tasa injusta que responde únicamente al fundamentalismo climático de quienes nos gobiernan en España y en Europa.
