San Vicente del Raspeig ya tiene aprobado su Presupuesto Municipal para 2023. No debería ser noticia que, a estas alturas del año, un Ayuntamiento tenga ya cuadradas sus cuentas para el siguiente ejercicio, pero, sin duda, lo es. Muy pocas ciudades pueden arrancar el año con su Presupuesto aprobado y, aún menos las hay que, como ha hecho San Vicente, puedan hacer frente con solvencia, sin endeudarse y sin subir impuestos, al disparatado gasto energético que los municipios tendremos que asumir en 2023.
Las cuentas sí salen en San Vicente. Y lo hacen por varias razones. La principal, creo yo, es la responsabilidad y el compromiso que este Equipo de Gobierno tiene con la ciudadanía. Cuando las personas están en el centro de un proyecto y cuando se pone el interés de la ciudadanía por delante de todo, es más fácil administrar el dinero común. Guiados por el interés general tenemos muy claro a dónde queremos ir y cómo podemos alcanzar la meta de mejorar el bienestar de todas y todos.
Es relevante que un proyecto plural como el de San Vicente, en el que varios partidos políticos confluyen para administrar los servicios a la ciudadanía, alcance acuerdos sin estridencias que se traduzcan en garantía de derechos y servicios. Acuerdos que, además, permitan al municipio desarrollarse, avanzar y crecer. En esa dirección de progreso, en que la estamos caminando desde hace ocho años, continúa el Presupuesto de 2023, unas cuentas cargadas de rigor y sensatez que, por encima de todo, ofrecen seguridad y certidumbre en unos momentos extremadamente complicados, después de una pandemia y en medio de un conflicto bélico cuya factura nos llega al principio de cada mes.
Sí salen las cuentas para dar certidumbre a todas y todos y para dar mayor protección a quienes más lo necesitan, ya sean familias o empresas. Porque el Presupuesto de 2023 contiene las medidas para que esto así sea. Lo fácil sería subir los impuestos para hacer frente al gasto de la luz, que se ha triplicado y nos va a costar más de tres millones de euros. Pero vamos a hacerle frente manteniendo congelados los impuestos y tasas, sin actualizarlos con el IPC para que, en términos reales, supongan un menor gravamen impositivo, en especial en un año en el que el IPC ha aumentado de forma significativa. Y, además, va a seguir derogada la ordenanza fiscal de ocupación de la vía pública con mesas, sillas y la de instalación de puestos y casetas, beneficiando así al sector de la hostelería y la venta no sedentaria.
En San Vicente, según datos oficiales de la liquidación 2021, la media de la presión fiscal por habitante al año es de 445,07 euros. Son casi 200 euros menos al año que la media provincial (643,59 euros). Y bastante menos también que la media de municipios de más de 50 mil habitantes (686,13 euros) y de la media del Estado (691,56 euros).
Es importante que la ciudadanía conozca estos datos. Que sepa que, en primer lugar hemos salvado y mantenemos los servicios básicos sin subir impuestos en este escenario de encarecimiento generalizado. Y que conozca que hemos reservado la inversión para los meses de abril y mayo con una buena inyección de dinero, de en torno a 24 millones de euros, para continuar con las actuaciones ya previstas como el Centro del Agua, la compra de viviendas sociales o el nuevo Pabellón y acometer otras nuevas.
Las cuentas han salido. Y la estabilidad y el progreso para San Vicente están garantizados.
Alberto Beviá Ors es concejal de Hacienda y coordinador local de Esquerra Unida Raspeig
