En las últimas semanas, San Vicente del Raspeig se ha visto envuelto en un creciente malestar debido a la subida de la tasa de recogida de residuos, que, en la mayoría de los casos, superará el 100%. Esto ha generado un fuerte descontento en un municipio que pagará una de las tasas más altas de la provincia, y el nuevo incremento ha hecho saltar las alarmas. ¿De dónde viene este aumento? ¿Es realmente necesario? Y, lo más importante, ¿cómo podemos ajustarlo para que sea más justo para todos?
La justificación oficial proviene de la aplicación de la Ley 7/2022, una norma derivada de directivas europeas que obligan a los municipios, con cargo a los ciudadanos, a cubrir al menos el 95% del coste del servicio de recogida de residuos. No obstante, la polémica surge porque el actual equipo de gobierno, formado por el Partido Popular (PP) y Vox, ha optado por aplicar un incremento lineal, sin distinción entre los que más generan residuos y aquellos que hacen un esfuerzo por separarlos adecuadamente. El resultado es un aumento indiscriminado, que afecta por igual a todas las familias y negocios, sin considerar otros aspectos y su impacto ambiental.
Sin embargo, el problema no radica únicamente en la normativa europea o la ley nacional. Parte de la culpa del aumento, recae en una decisión política tomada por el equipo de gobierno local al tomar la decisión unilateral de eliminar la planta de transferencia de residuos, lo que ha supuesto un incremento de 530.000 euros al año en el coste del servicio. ¿Por qué? Porque el número de viajes a la planta de tratamiento de Piedra Negra ha pasado de 49 a 85 por semana, lo que se traduce en 1.820 viajes adicionales al año. Esto, sumado a la eliminación de contenedores en zonas clave, ha empeorado la gestión de los residuos, haciendo que San Vicente incumpla los porcentajes de residuos impropios permitidos, según un informe del Consorcio Terra.
Además, desde que el PP tomó el mando del Ayuntamiento, San Vicente ha visto cómo el precio por tonelada de residuos ha pasado de 23,19€ a 49,74€, es decir, un incremento de más de 26€ por tonelada. Esto no sólo supone una carga adicional para las arcas municipales, sino que se traduce directamente en un mayor coste para los vecinos.
Es evidente que el aumento de la tasa no es solo una consecuencia de las exigencias legales, sino también de una mala planificación y gestión por parte del actual gobierno local. Sin embargo, no estamos aquí para señalar culpables, sino para proponer soluciones que eviten que los ciudadanos de San Vicente sean los principales perjudicados.
Desde el Partido Socialista (PSOE) vamos a presentar diversas alegaciones para que esta subida sea más social, es decir, que se ajuste a la capacidad económica de las familias y que premie a quienes separan correctamente sus residuos. La ley 7/2022 aboga por un modelo de “pago por generación”, lo que significa que aquellos que reciclen más paguen menos, mientras que los que no lo hagan asuman un coste mayor. Es aquí donde debemos dirigir nuestros esfuerzos, para que la tasa de residuos no solo sea justa, sino que también incentive comportamientos responsables con el medio ambiente.
Otra propuesta que consideramos esencial es la implementación de sistemas de recogida más eficientes, como el modelo de recogida puerta a puerta, que ya ha demostrado su eficacia en municipios como Girona. Este sistema permite una mayor tasa de reciclaje y una menor presencia de residuos impropios, lo que se traduciría en un ahorro significativo para el municipio y sus vecinos. Lamentablemente, esta medida no está contemplada en el nuevo pliego de limpieza viaria y recogida de residuos propuesto por el equipo de gobierno actual PP-Vox.
Por último, es fundamental invertir en la educación medioambiental de la ciudadanía. Actualmente, San Vicente cuenta con un solo educador medioambiental, una cifra claramente insuficiente para una población de más de 60000 habitantes. Además, el Ayuntamiento ha dejado escapar una subvención de la Diputación que habría permitido contratar a cuatro educadores más. Informar y concienciar a los vecinos sobre la correcta separación de residuos es clave para cumplir con los objetivos marcados por la ley y evitar futuros aumentos de la tasa.
En definitiva, el aumento de la tasa de recogida de residuos en San Vicente no es solo una cuestión de cumplimiento legal, sino también de gestión política y planificación. Con medidas más justas y eficientes, como el pago por generación, la recogida puerta a puerta y una mayor inversión en educación ambiental, podemos evitar que los ciudadanos sigan pagando el precio de decisiones mal tomadas. Es hora de buscar soluciones que beneficien a todos y que, al mismo tiempo, promuevan un modelo de gestión de residuos más sostenible y equitativo.
Tribuna, Yolanda García, concejala del PSOE
