Desde el Grupo Municipal de VOX somos plenamente conscientes de que el problema de la limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos ha sido, y es, uno de los que más preocupan a los ciudadanos de San Vicente.
Esta preocupación, que siempre ha sido compartida y tomada en consideración por VOX, tanto en la oposición como ahora con los cinco concejales que se integran en el equipo de Gobierno, ha tenido como consecuencia la licitación por parte de la concejalía competente de un nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de basuras acorde con la realidad del municipio. De esta manera, se rompe con la dejadez e inacción del anterior gobierno socialista, que de forma irresponsable mantenía, a base de prórrogas, un contrato significativamente insuficiente para cubrir las necesidades del municipio y satisfacer los intereses de los ciudadanos.
Pero, dejando de lado el nuevo contrato de recogida de basuras, y entrando en materia económica, materia siempre peliaguda porque va a afectar al bolsillo del ciudadano, este próximo ejercicio nos vamos a encontrar con una desagradable novedad relativa a la conocida como Tasa de basuras. Este tributo, va a experimentar una nueva configuración que va a conllevar una notable subida, cortesía del Gobierno socialista de Pedro Sánchez y su sumisión incondicional a la agenda 2030. Para entender esta afirmación, en primer lugar, hay que conocer los antecedentes temporales y legales del inminente incremento de la mencionada Tasa.
Como primer punto a tener en cuenta, tenemos el dato de que, hasta la fecha, la Tasa de basuras de San Vicente del Raspeig, tan sólo cubría aproximadamente un 45% del coste total del servicio, incluyendo, tanto la recogida, como el trasporte y tratamiento de los residuos. El resto del coste del servicio se pagaba con cargo a los ingresos generales del Ayuntamiento. Por tanto, la situación heredada de gobiernos municipales anteriores implica que la Tasa de basuras de San Vicente, no siendo precisamente baja, tan solo cubre el 45% del coste del servicio, siendo por tanto, claramente deficitaria en más de un 50%. Esta situación fue mantenida, recordamos, en los 8 años de gobierno de Jesús Villar.
Sin embargo, y aquí es cuando viene la consecuencia directa para el contribuyente, el 9 de abril de 2022 se publicó en el BOE la “Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular”. Esta ley fue aprobada por el Congreso de los Diputados por una mayoría de votos compuesta por PSOE, Unidas Podemos, PNV, Bildu y Compromís, entre otros, y contó con la abstención del PP, y el voto en contra de VOX.
La ley 7/2022, que ya en su propio preámbulo alude a que “Se contribuye así al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030”, contiene una serie de obligaciones fiscales para la Administración, que, como siempre que se habla de sostenibilidad o respeto hacia el medio ambiente, se acaban traduciendo en medidas impositivas dirigidas directa o indirectamente a detraer recursos de los ciudadanos, es decir, a aumentar los impuestos. Impuestos que no tienen como objetivo a los propietarios de vehículos de marca Lamborghini, como diría nuestro infausto Presidente, sino a todo aquel que posea o habite un inmueble, con independencia de sus ingresos o renta disponible.
En concreto, en su artículo 11.3, la Ley 7/2022 dispone que “En el caso de los costes de gestión de los residuos de competencia local, […] las entidades locales establecerán, […], una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, […]”
Este artículo, aparentemente inocuo, tiene una importancia esencial en cuanto se refiere de forma expresa a que la llamada Tasa de basuras tenga que ser “no deficitaria”. Esto implica necesariamente que el importe de la tasa deba sufragar prácticamente el 100% de los costes directos o indirectos asociados con la recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Por tanto, no sólo se pasará a tener más que duplicar el importe de la tasa, hasta cubrir prácticamente el 100% del coste (teniendo en cuenta que la actual tasa solo sufraga el 45%) sino que, además, se incluyen otros conceptos dentro de ese coste como, por ejemplo, el también novedoso “Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos”, cuyo impacto económico para el Ayuntamiento (es decir, para el ciudadano, vía Tasa de basuras) se estima en unos 560.000 euros anuales.
En definitiva, el nuevo régimen legal contemplado en la Ley 7/2022 votada por el Partido socialista, Unidas podemos y Compromís, entre otros, va a tener como efecto directo que la tasa de basuras experimente un incremento muy considerable y, por tanto, una consecuencia económica negativa que todos sufriremos. Se aumentan los costes asociados a la recogida y tratamiento de residuos, a la vez que se impone que la Tasa de basuras, de forma específica y diferenciada como dispone el artículo 11.3, deba sufragarlos en su integridad.
Sea por preocupante ignorancia o sea por pura demagogia, sorprende que los partidos de izquierda con representación en el Ayuntamiento de San Vicente se posicionen en contra de una tasa que, en su configuración actual, ellos mismos han aprobado e implementado con su votación en el Congreso de los Diputados. VOX, recordamos, votó en contra.
No se puede pasar por alto que la obligación de contar con una Tasa de basuras no deficitaria, en vigor desde abril de 2022, no fue aplicada, ni siquiera se inició su tramitación, por el anterior Gobierno municipal “progresista” para no empañar su campaña electoral del año 2023, seguramente por la vergüenza que el Partido Socialista de San Vicente siente por las consecuencias para los sanvicenteros de esa iniciativa del gobierno de Pedro Sánchez. Nos encontramos, pues, con una nueva herencia envenenada del mandato del PSOE con la que este Gobierno participado por VOX tendrá que lidiar de la mejor manera posible en defensa de los intereses de los ciudadanos.
Ante esta situación injusta y siendo desde el Grupo Municipal VOX plenamente conscientes del quebranto que esa nueva regulación de la Tasa de basuras va a causar a muchas familias, así como a comerciantes y pequeños empresarios, y ante la imposición del sectarismo climático del que hace gala el PSOE como impulsor destacado de la Agenda 2030, no podemos permanecer indiferentes.
Nos oponemos a la mala costumbre que están instaurando los grandes partidos políticos y grupos de presión predominantes de que, siempre que se invoca a la conciencia del ciudadano para preservar el medio ambiente y lograr la deseable sostenibilidad, se termine en algo tan prosaico como exigir más y más dinero al contribuyente. Por ello, pese a este nuevo ataque a la autonomía
municipal por parte del gobierno de Pedro Sánchez, desde VOX hemos impulsado una rebaja impositiva que alcanzará a la mayoría de sanvicenteros.
En este caso, será el Impuesto sobre Bienes Inmuebles el que experimente una rebaja en su tipo impositivo de manera que, aunque en un primer momento no se llegue a compensar la totalidad de la subida de la Tasa de basuras, sí suponga un alivio al bolsillo del sufrido contribuyente. Respecto a esta rebaja, que se cuantifica en unos 700.000 euros anuales, nuestra postura y compromiso con la ciudadanía es que pueda ir aumentado en los ejercicios sucesivos para paliar, en la medida de lo posible, este nuevo asalto a los bolsillos de los ciudadanos que representa la implementación de las políticas socialistas y su nueva Tasa de recogida de residuos sólidos urbanos.
Con ello, VOX cumple uno de sus compromisos programáticos de los que siempre ha hecho gala en las instituciones donde ha gobernado, que no es otro que el de aliviar la carga fiscal de los ciudadanos. Circunstancia que cobra aún más sentido en un contexto de inflación, con un aumento generalizado de precios y reducción progresiva del nivel y calidad de vida de los españoles, causados por muchos años de gobiernos de obediencias debidas a intereses ajenos a las necesidades reales del pueblo español.
