Ver a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, con una foto de Miguel Hernández mientras blanquea al franquismo en las Cortes Valencianas es una vergüenza y una aberración para los ojos. Las víctimas de la represión franquista vuelven a las fosas con la Ley de la Concordia, mientras Mazón utiliza al poeta del pueblo para defender políticas fascistas.
Ayer la extrema derecha y la derecha más extrema tramitaban en el pleno de las Cortes Valencianas el inicio de la Ley de la Concordia, una ley de la vergüenza que tiene como único objetivo blanquear la dictadura franquista y manipular la historia al antojo de los socios de gobierno del Partido Popular.
Esta norma de la “supuesta concordia” es un auténtico disparate que busca confundir a la población, juntando las víctimas de la violencia, con las de la guerra, la dictadura e incluso el “terrorismo etarra e islámico”. Una mezcla que carece de sentido, pero que tiene el objetivo ideológico de diluirlo todo y encubrir los crímenes que la dictadura franquista dejó a su paso.
En definitiva, un texto que aboga por el negacionismo y que es absolutamente contrario a los derechos de las víctimas de violencia por crímenes de Lesa Humanidad reconocidos por el Derecho Internacional Humanitario, a la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, así como resoluciones y pactos internacionales firmados por España.
El PP y sus socios de gobierno de la ultraderecha quieran revisar la historia más reciente de nuestro país, pero no lo van a conseguir. Nadie puede negar que la II República sufrió un golpe de estado promovido por generales apoyados por las potencias fascistas, el poder económico, la oligarquía y la jerarquía católica de la época, que provocaron una guerra terrible, una represión sistemática y una dictadura de casi 40 años en nuestro país.
Para Esquerra Unida-Podem de San Vicente del Raspeig negar que el franquismo fue una dictadura, tal y como pretende hacer el PP y VOX con esta ley es un despropósito carente de rigor histórico, así como un insulto a todas las víctimas y sus familias. No podemos consentir que todo lo avanzado en estos ocho años en políticas de memoria histórica, como la reparación a las víctimas y la localización de fosas comunes desaparezca de un plumazo.
