El Grupo Municipal de Esquerra Unida ha anunciado una moción al Pleno en la que solicita que se implemente en todas las administraciones publicas el catálogo de medidas urgentes aprobado en el Consejo de Ministras y Ministros el 27 de julio de 2021, del Plan de Mejora y Contra la Violencia de Género y que implica al Ministerio de Igualdad, Justicia, Interior, Sanidad, Derechos Sociales y Agenda 2030. Para avanzar en la erradicación de las violencias estructurales sobre las mujeres.
La portavoz de Esquerra Unida, Raquel Rodríguez, explica que “nos encontramos en un contexto de crisis, con el agravamiento de la situación económica, una inflación récord que está afectando principalmente a las capas populares, a las más vulnerables, las más precarias. Un año que suma y agudiza la situación de desigualdad de género que sostiene el neoliberalismo y el patriarcado”.
“La mayoría de mujeres se encuentran en las posiciones más precarias y vulnerables tanto en el aspecto laboral como en el social. Esta crisis no la vamos a pagar nosotras, necesitamos políticas que pongan la protección de las personas en el centro, especialmente las más vulnerables y las que van a sufrir las peores consecuencias”.
Según indica la moción, la violencia machista, violencia que va más allá de la violencia dentro de la pareja o expareja, abarca todas las violencias que se ejercen sobre las mujeres por el hecho de serlo, y es que el 27% de las mujeres han sufrido violencia machista, física o sexual alguna vez en su vida.
1.168 mujeres han sido asesinadas en nuestro país desde el 1 de enero de 2003, fecha en la que se comienzan a contabilizar los asesinatos de mujeres víctimas de violencia de género y 38 en lo que va de año. Según el informe del Consejo del Poder Judicial durante el año 2021, 159.354 mujeres fueron víctimas de violencia de género. Los Juzgados de violencia contra las mujeres, han registrado 220.483 asuntos penales, siendo un 63% por lesiones y malos tratos, un 11.2% quebrantamiento de medidas de protección y un 7,6% quebrantamiento de penas.
La violencia machista no es un problema privado, es un problema estructural, una violación de los derechos humanos. “Por ello desde las instituciones no se puede tolerar la negación o invisibilización de esta cuestión que pretende deslegitimarla y volver a ocultarla para que siga existiendo. Algo que se debe acompañar de unas políticas fuertes que pongan freno a la violencia, reconozcan los derechos de las víctimas y se traduzcan en recursos.
