El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca (Unidas Podemos) aseguró ayer en San Vicente del Raspeig que la Generalitat Valenciana está preparada para limitar el precio de los alquileres en 83 municipios tensionados, entre los que figuran San Vicente, San Juan de Alicante y El Campello
En una jornada sobre vivienda pública organizada por Esquerra Unida y Podemos de los municipios de San Vicente, San Juan, El Campello y Mutxamel, el conseller aseguró que la regulación del precio de los alquileres, para asegurar el acceso a la vivienda a la familias y colectivos vulnerables y la protección permanente a los desahucios sin alternativa habitacional, entrará en vigor cuando se apruebe la nueva Ley de Vivienda.
El conseller ha pedido al Gobierno central una rápida tramitación para que el texto esté operativo cuanto antes y poder así aplicar la norma autonómica. En la Comunitat Valenciana, dijo, hay 83 casos de municipios con precios tensionados que requieren una intervención precisa para limitar el precio de los alquileres.
Illueca aseguró que la derecha no hizo nada en diez años en materia de vivienda pública y ahora “estamos tocando los cimientos y poniendo en pie la estructura que nos permita que el derecho a la vivienda se equipare a los de la sanidad y la educación, con medidas en primer lugar de emergencia habitacional y con acciones para combatir el mercado”.
Gracias a esta jornada, presentada por el concejal de Esquerra Unida de San Vicente, Alberto Beviá, y cerrada por el portavoz de Podemos en ese municipio, David Navarro, la Conselleria ha conocido de primera mano las necesidades de vivienda pública de los municipios de L’Alacantí, expuestas por la concejala de Esquerra Unida Raquel Rodríguez de San Vicente; el edil de esta formación en El Campello, Pedro Mario Pardo; la regidora de San Juan Claudia Sterrantino (Podemos); y el concejal de Mutxamel, también de Podemos, Borja Iborra.
El vicepresidente segundo explicó la gran apuesta del Consell por la promoción de la vivienda pública a través de varias fórmulas, entre otras, la colaboración público-privada para edificar y gestionar viviendas con dinero proveniente de los fondos europeos o el Bono Alquiler Joven, al que se destinarán 45 millones de euros para los ejercicios 2022 y 2023.
