La inversión en la calle de la Huerta es de 1,9 millones de euros
Los grupos municipales de Esquerra Unida y Podemos, en el gobierno del Ayuntamiento junto a PSOE, han considerado “un gran paso” y un “importante avance social” para el municipio el anuncio de inversión de 1,9 millones de euros en vivienda pública para alquiler social en San Vicente del Raspeig.
En concreto, la actuación de la Generalitat en San Vicente será sobre dos parcelas en calle La Huerta, según anunció ayer el conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca. “Queremos agradecer a la Generalitat y especialmente al conseller Illueca, de Unidas Podem, que San Vicente forme parte del listado de municipios que van a recibir esta inversión”, han indicado los grupos de Esquerra Unida y Podemos.
Según Illueca, se trata de una apuesta por la colaboración público-privada que en una primera fase proyecta edificar viviendas con dinero proveniente de los fondos europeos. Se realizará una licitación pública en la que se adjudique la promoción, construcción y posterior gestión de las viviendas. La ayuda será proporcional a la superficie útil de cada vivienda, siendo de un máximo de 700 euros por metro cuadrado y una subvención máxima de 50.000 euros por vivienda.
El derecho de superficie tendrá un plazo de 55 años. Una vez finalizado, el inmueble será gestionado por la Generalitat, que nunca perderá la propiedad. El plazo de ejecución máximo desde la licencia de obras será de 36 meses, por lo que las viviendas deberán estar finalizadas el 30 de junio de 2026.
El precio del alquiler de estas promociones estará limitado a un máximo de 7,5 euros por metro cuadrado útil al mes por vivienda y los inmuebles se destinarán a arrendamiento un mínimo de 50 años. Respecto a las condiciones de las personas arrendatarias, la vivienda deberá ser su domicilio habitual y permanente, tendrán que estar inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda de la Comunitat y tener unos ingresos máximos de 4,5 veces el IPREM referidos a 12 pagas, que serán menos restrictivos para familias numerosas y con personas con discapacidad.
Un comité de personas expertas garantizará la solidez y viabilidad de las propuestas que valorará distintos criterios de adjudicación.
