El president de la Generalitat ha asistido a la presentación de la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante que llevará el nombre el juez alicantino que participó en la puesta en marcha del Tribunal de la Haya
Destaca la apuesta del Consell por crear 3.000 nuevas plazas para la Administración de Justicia, por un nuevo sistema de gestión procesal con vistas telemáticas, y por la mejora de la eficiencia energética
El Consell licitará hasta 2023 proyectos por 277 millones de euros entre los que se encuentran las sedes judiciales de Villena, la Vila Joiosa y Alicante, y la ampliación y reforma de las sedes de Orihuela y Dénia
El president de la Generalitat, Ximo Puig ha anunciado una inversión de 86 millones de euros en la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante que estará operativa en 2025 y que llevará el nombre de Rafael Altamira, en memoria del juez alicantino que participó en 1922 en la puesta en marcha de la Corte Permanente de Justicia Internacional de la Haya.
Así lo ha manifestado durante el acto de presentación del proyecto de la nueva sede judicial, en el que también ha participado la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, y donde ha señalado que la nueva infraestructura supondrá la mayor inversión en una sede judicial de los últimos veinte años, lo que la convertirá en «símbolo de una justicia eficiente, moderna y próxima», ha manifestado.
Durante su intervención, el president también ha explicado que la decisión de que lleve el nombre de Rafael Altamira constituye un «reconocimiento necesario» a uno de los españoles «más ilustres y menos conocidos», de quien ha valorado su legado pacifista y su compromiso por la defensa de los derechos humanos.
Por otro lado, ha defendido la apuesta del Consell por seguir avanzando en el modelo humanista de la Justicia con más recursos humanos, con la digitalización y la sostenibilidad del servicio, y con la mejora y ampliación de las infraestructuras judiciales.
En concreto, Ximo Puig ha señalado que la Generalitat creará 3.000 nuevas plazas para la Administración de Justicia, lo cual mejorará la atención a la ciudadanía; y ha mostrado la apuesta del Consell por implantar un nuevo sistema de gestión procesal con vistas telemáticas, así como por mejorar la eficiencia energética a través de la instalación de paneles solares en todas las sedes judiciales.
Respecto a las infraestructuras judiciales, el jefe del Consell ha recordado que el presupuesto de la Conselleria de Justicia para la mejora de las sedes judiciales se ha multiplicado por 6 desde 2015, pasando de 10 a 60 millones de euros.
Por último, ha destacado que hasta 2023, el Consell licitará proyectos por 277 millones, principalmente en la provincia de Alicante, como las nuevas sedes judiciales de Villena, la Vila Joiosa y Alicante, y con la ampliación y reforma de las sedes de Orihuela y Dénia.
Compromiso con la justicia accesible, cercana, sostenible y eficiente
Por su parte, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha señalado que el proyecto «supone algo más que un edificio» porque saldará «esa deuda que el Consell tenía con los más de 400.000 habitantes del partido judicial que, incomprensiblemente, se vieron postergados porque Alicante era la única capital de provincia sin ciudad de la Justicia». En este sentido, la consellera ha anunciado que este verano se adjudicará el proyecto para que las obras puedan empezar en el último trimestre de este 2022 y concluyan 33 meses después.
Para la consellera, el proyecto ?que supone más de un tercio del presupuesto del Plan de Infraestructuras Judiciales? supone «un compromiso con la justicia accesible, cercana, sostenible y eficiente» que «mira de otra forma a la ciudadanía y tiene en cuenta a todos los profesionales». En este sentido, ha recordado que, además de su completa accesibilidad «pues no habrá barreras arquitectónicas ni tampoco de las invisibles», en el complejo judicial «se integrarán todos los servicios como la oficina de denuncias de Violencia de Género, la de Asistencia a las Víctimas del Delito y, por primera vez, el Instituto de Medicina Legal».
«Será una sede que facilite el trabajo a los operadores jurídicos y, por otra parte, la ciudadanía podrá disfrutar de un edificio emblemático», ha asegurado la consellera quien también ha expresado su «gratitud y reconocimiento» al Ayuntamiento de Alicante por su disposición durante «la larga andadura burocrática» que ha supuesto la aprobación del proyecto.
Ciudad de la Justicia Altamira
La construcción del nuevo edificio dará comienzo en el último trimestre de 2022 y tendrá un plazo de ejecución de 33 meses. Se ubicará frente a los actuales juzgados de Benalúa, y contará con una inversión de 85,6 millones de euros. Tendrá una superficie de 48.000 metros cuadrados distribuidos en planta baja, semisótano, dos sótanos y siete plantas más ático con una instalación fotovoltaica que permitirá que buena parte de la energía que consuma sea de origen solar. Además de los paneles fotovoltaicos, la sede contará con sistemas inteligentes para el control de su consumo energético y climatización, y será completamente accesible para personas con diversidad funcional.
En este edificio se unificarán la mayor parte de los órganos judiciales del partido judicial de Alicante, que ahora mismo están repartidos en diez sedes diferentes. Así, allí estará la jurisdicción Civil, la Penal y la Fiscalía. Además, albergará el Centro de Mediación, los Servicios de Orientación Jurídica, el Instituto de Medicina legal, las Unidades de Valoración Forense Integral, los gabinetes psicosociales, la Oficina Especializada en Denuncias de Violencia de Género y la de Asistencia a las Víctimas del Delito y las cámaras Gesell. También se ubicarán allí las dependencias del Servicio de Orientación Jurídica, un salón de actos y el Decanato.
Por otra parte, en la sede de la calle Pardo Gimeno se mantendrán los juzgados de lo Contencioso-Administrativo y lo Social y en el Palacio de Benalúa permanecerá la Audiencia Provincial.
Este proyecto está incluido en el Plan de Infraestructuras Judiciales de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública que contempla, entre otras iniciativas, la construcción de nueve edificios judiciales de nueva planta y la rehabilitación integral de otros cinco.
