El alcalde Jesús Villar explica que, «atendiendo a las peticiones de los trabajadores», el equipo de Gobierno (PSOE, EU y Podem) ha decidido retirar del Pleno de esta tarde el punto 6 que conllevaba retomar el proceso de licitación del contrato de los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. El primer edil comenta que se «va a acordar con los representantes de los trabajadores un calendario de reuniones, que comenzará la próxima semana, y en el que estarán políticos, técnicos y representantes de los trabajadores».
Los trabajadores anunciaban una huelga desde durante las Fiestas de Moros y Cristianos
Ayer martes 29 de marzo los trabajadores hablaban de «movilizaciones, protestas y paros programados» si no se retiraba el punto del Pleno de esta tarde que conlleva mantener el pliego del servicio y retomar el proceso de licitación del nuevo contrato desde la presentación de ofertas. Ponían una fecha, el martes 19 de abril, para el inicio de una huelga que califican de “indefinida y total”, al margen de los servicios mínimos que se fijen.
Sus argumentos eran que no se puede licitar en 2022 un pliego con datos de 2019, que se compromete su futuro laboral al suspenderse la negociación del convenio, que aumenta la carga de trabajo para los contratados a jornada completa y que los medios técnicos serán muy justos e ineficientes, entre otros.
Comunicado de la concejala de Servicios Urbanos, Pilar Alcolea
El pasado jueves 24 de marzo la edil de Servicios Urbanos, Pilar Alcolea, emitía un comunicado en el que mostraba su oposición a mantener el pliego del contrato de la basura, tal y como se había convocado para el Pleno ordinario del mes. La socialista consideraba que se ha de impulsar un nuevo expediente. Argumentaba que retomar el proceso iniciado podría suponer un desfase en la contabilidad analítica del contrato por los costes desfasados de materiales y maquinarias (habla de entre un 20-30%). Añadía que no se contemplaba la subida del IPC, que suponía inseguridad jurídica para los licitadores que realizaron ofertas en el procedimiento anterior (y ya han anunciado que recurrirán) y que los sindicatos plantearían también denuncias al no respetarse el convenio vigente. Alcolea relataba que había puesto en conocimiento del equipo de Gobierno su opinión pero que «acataría» la mayoría política.
