El vicepresidente y conseller de Vivienda asegura que el derecho de tanteo y retracto «permite ampliar el parque público de viviendas»
El objetivo de la Vicepresidencia Segunda es crear un patrimonio público de viviendas sólido y estable a lo largo de la Comunitat
El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, y los alcaldes de Sant Vicent del Raspeig, Jesús Villar, y Sant Joan d’Alacant, Jaime Joaquín Albero, han firmado sendos convenios sobre la cesión de derecho de tanteo y retracto a los consistorios para que puedan adquirir viviendas en sus municipios con destino a alquiler social.
Se trata de los dos primeros ayuntamientos de la Comunitat en firmar el convenio y el objetivo es ampliar el parque público de viviendas en los municipios en el marco del Plan Hábitat 20-30.
«Hemos venido al Alacantí porque este es un Consell que mira hacia el sur», ha declarado Martínez Dalmau, quien ha asegurado que «hoy es un día histórico» porque son los primeros convenios de delegación de competencias de tanteo que se firman.
De esta forma, se pone en marcha «una herramienta muy importante para conseguir casas para la gente y, viviendas que habitualmente se venden a precios muy asequibles, si nosotros no intercediéramos en la compra-venta y pagáramos al vendedor el mismo precio que les iba a dar un fondo buitre o una entidad financiera, estas viviendas acabarían en manos de los fondos buitre».
Del mismo modo, ha agradecido «la sensibilidad» de estos dos consistorios ante la necesidad de vivienda en sus municipios y que «hayan entendido la importancia de aplicar el decreto de ampliación del parque público, lo que demuestra que con estas corporaciones tenemos los mejores aliados de las políticas del Consell para que la gente viva mejor».
Asimismo, Dalmau ha anunciado que ya hay muchos otros ayuntamientos interesados en participar en esta red de tanteo.
Estos convenios son el resultado del Decreto Ley 6/2020, de 5 de junio, del Consell, para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto. Con él, la Generalitat puede ceder los derechos de adquisición preferente al municipio donde se ubique la vivienda objeto de tanteo o retracto, algo que podrá ejercer directamente o a través de un ente público en el que delegue las competencias de vivienda.
Martínez Dalmau ha asegurado que con esta cesión del derecho se buscan dos propósitos. «Por un lado, ampliar el parque público de viviendas a través de una red municipal para ponerlas a disposición de los ciudadanos». Por otro, «conseguimos una mayor proximidad y eficacia en los servicios que se prestan en materia de vivienda ya que los ayuntamientos son la administración más cercana y a la que primero acuden las personas cuando tienen un problema».
Agilizar trámites
Hay que tener en cuenta que con este mecanismo se agilizan las tramitaciones relativas a las adjudicaciones de los inmuebles. Al ser los servicios sociales municipales los encargados de realizar los informes de las familias que necesitan una vivienda de manera urgente, el ayuntamiento puede actuar de manera directa ofreciendo una alternativa inmediata a esas personas.
La cesión de esos derechos se formaliza mediante la firma de este convenio que determina las condiciones de la cesión, el destino de los inmuebles y los criterios de adjudicación. No obstante, si el Ayuntamiento decide no ejercitar el tanteo y retracto, la Conselleria podría hacerlo de manera subsidiaria.
El vicepresidente ha destacado que las viviendas adquiridas por los municipios «se calificarán de protección oficial con carácter permanente, por lo que se incorporarán al parque público municipal y se destinarán en alquiler social a las personas, familias o colectivos con escasos recursos sociales o en situación de vulnerabilidad».
En el caso de Sant Joan, donde la Generalitat no dispone de viviendas públicas, el tanteo y retracto «puede ser un instrumento de gran utilidad para dar respuesta a la necesidad habitacional del municipio», según ha indicado el vicepresidente que, en ambas visitas, ha estado acompañado por la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, Elena Azcárraga.
Los convenios tendrán una vigencia de un año, con posibilidad de prorrogarse. Una comisión mixta supervisará y controlará el cumplimiento de los mismos.
