Con el objetivo de que San Vicente pueda ampliar su parque público de vivienda, el grupo municipal de Podemos propone al Ayuntamiento que se suscriba a los convenios previstos en el Decreto ley 6/2020, de 5 de junio, del Consejo para la ampliación de vivienda pública en la Comunidad Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto.
El pasado 5 de junio, se aprobó el decreto-ley de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática para la ampliación de vivienda pública mediante el derecho de tanteo y retracto. Estos derechos posibilitan que la Administración, en determinados casos, pueda quedarse una vivienda cuando se va a proceder a su venta o después de haberse vendido. Podrá comprar viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias, daciones en pago y ventas extrajudiciales. Asimismo, podrá intervenir en las grandes operaciones, edificios y transmisiones de más de 10 viviendas conjuntamente, que suelen darse de bancos a fondos buitres. De esta manera, se facilita la creación de una verdadera red de vivienda pública para garantizar el derecho a la vivienda.
“Este decreto presenta una novedad muy importante que afecta a los Ayuntamientos, y es que permite que las entidades locales también puedan ejercer el derecho de tanteo y retracto para adquirir vivienda pública”, explica el portavoz de Podemos San Vicente, David Navarro.
Así los ayuntamientos pueden participar en la compra de vivienda a través de la cesión de los derechos de tanteo y retracto a los ayuntamientos o de su ejercicio por parte de la Conselleria de Vivienda en favor del municipio. En ambos casos la colaboración entre administraciones se hace mediante un convenio, que puede ser solicitado por cada consistorio.
Por ello, Podemos San Vicente presenta en el próximo pleno una moción para solicitar que San Vicente se suscriba a cualquiera de los convenios previstos en el Decreto ley 6/2020, de 5 de junio, con el objetivo de hacer uso de las herramientas que la Generalitat pone a disposición de los Ayuntamientos para ampliar el parque de vivienda. Este decreto viene a mejorar la capacidad de respuesta de la Administración, tanto autonómica como municipal, ante la situación actual de la vivienda, que ha sufrido un deterioro importante en los últimos años y a la que ahora se le suma un contexto económico muy desfavorable a causa de la pandemia.
“Es responsabilidad de las administraciones públicas garantizar el derecho a la vivienda, por lo que debemos ofrecer alternativas a las personas que no pueden acceder al mercado libre de vivienda o que se encuentran en una situación de emergencia habitacional, como pueda ser el caso de un desahucio”, afirma David Navarro, y añade “es una oportunidad de oro que el Ayuntamiento de San Vicente no puede desaprovechar si quiere cumplir con su compromiso de ampliar el parque de vivienda pública”.
